UGT exige al Gobierno local que deje exenta a los parados la tasa para presentarse a oposiciones Imprimir

UGT ha solicitado a la Consejería de Economía, Hacienda y Administación Pública que, de forma urgente, rectifique vía Boletín Oficial de la Ciudad en las convocatorias a turno libre ya publicadas, e incluya la exención del pago de tasas a los desempleados y además lo incorpore ya de oficio en todas las futuras convocatorias que se vayan produciendo. Resulta, al menos chocante, que en una Ciudad con tan altos niveles de desempleo y en la que las oportunidades de acceder a un empleo público son tan escasas, mientras el Gobierno de la Ciudad predica que hay que combatir el desempleo, a la hora de dar ejemplo, obligue a los desempleados a pagar unas tasas, cuyo importe a lo mejor no es asumible para ellos.

La Sección Sindical de UGT durante la negociación de las bases para la provisión de las vacantes a turno libre de la Oferta de Empleo Público 2016, solicitó en la Mesa General de Negociación por activa y por pasiva que los desempleados quedaran exentos del pago de las tasas, a lo que sorprendentemente se negó el representante de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, sin ofrecer explicación alguna.

Pero es aún más sorprendente que mientras el Gobierno de España, concretamente la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, explica en su web que para acceder a un empleo público en España los desempleados están exentos de pagar tasas, una Administración Pública como la nuestra, que pensamos que se rige por las normas del Estado Español, no solo no recoge de motu propio esta circunstancia, que podría haber sido un error u olvido involuntario, sino que una vez advertidos por la UGT de forma reiterada en cada una de las vacantes a turno libre, se ha negado en redondo a recogerlo sin explicación alguna.

Es lamentable la insensibilidad de esta Administración con los desempleados, de los que pretende recaudar unos euros de tasas que le pueden ser necesarios para cuestiones básicas, obviando al mismo tiempo, las instrucciones y normas dictadas por el propio Gobierno de España. Si la ignorancia es mala en aquellos que ostentan responsabilidades públicas, la contumacia en el error es pésima y nefasta para los administrados que somos los que con nuestros impuestos abonamos sus retribuciones.